La Disp. Final Primera del texto final del ALES, presentado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y remitido a los órganos consultivos para informe crea una nueva “Comisión de Propiedad Intelectual” en el seno del Ministerio de Cultura (no confundir con la “Comisión Antipiratería”), que estará integrada por dos secciones:
La Sección Primera se encargará de la mediación y arbitraje, asumiendo así las funciones que actualmente ejerce la “Comisión de Propiedad Intelectual”, antiguamente llamada “Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual”, que pasará a ser por tanto la “Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual” (Disposición Final Primera, Apartado Cuatro: puntos 1, 2 y 3 del ALSE).
Y la Sección Segunda -con cuyas iniciales (“SS”) algún medio ha querido encontrar siniestras conexiones – que actuando conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, se encargará de velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información (Disposición Final Primera, Apartados Tres y Cuatro).
Aunque reglamentariamente se determinará la composición, funcionamiento y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que la bautizada como "Sección Segunda Comisión de Propiedad Intelectual" tiene atribuidas, el Anteproyecto de la LSE ya concreta que dicha órgano:
1. Con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan (Disposición Final Primera, Apartado Dos). Facultad con respecto al a cual no han reparado los medios de comunicación peor de suma trascendencia ya que viene a paliar la doctrina sentada en el caso Promusicae. Y,
2. Podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o de quien pretenda causar un daño patrimonial (Disposición Final Primera, Apartado Cuatro). Antes bien, la ejecución de estas resoluciones, en cuanto puedan afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución (libertades de información, de expresión, de producción y creación artística, científica o literaria, y de cátedra), requerirá de la previa autorización judicial (como así ordena el artículo 20.5 de la Constitución), de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa (Disposición Final Primera, Apartado Cuatro, del ALES).
Por consiguiente, una vez que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual dicte resolución acordando la interrupción o suspensión del servicio o la retirada de contenido infractor, corresponderá a los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo autorizar, mediante auto, la ejecución de la resolución adoptada (Disposición Final Primera, Apartado Cinco, del ALES).
Para ello la citada Sección Segunda deberá observar el procedimiento que se establece en la Disposición Final Primera, Apartado Siete. Principalmente: (1) Acordada la medida por la Comisión, se solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución; y (2) En el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la notificación de la resolución por la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá mediante auto autorizando o denegando la ejecución de la medida.
En cualquier caso las resoluciones de la Comisión serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Disposición Final Primera, Apartado Ocho).
He aquí pues la principales novedades introducidas en el ALES, desde que lo presentó la Ministra de Economía y Hacienda en el Consejo de ministros el viernes 27-11-09 hasta que el mismo ha sido remitido a los órganos Consultivos del Gobierno (Consejo del pasado viernes 8-1-10), sin duda ante la avalancha de críticas recibidas por la primera versión.
Habrá que ver y valorar muy bien ahora la opinión de los órganos consultivos con respecto a esta segunda.
